La administración del presidente Donald Trump impuso el miércoles sanciones a dos jueces y dos fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), involucrados en la emisión el año pasado de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar en Gaza.
Estados Unidos designó a Nicolas Yann Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, Mame Mandiaye Niang, de Senegal; y Kimberly Prost, de Canadá, según el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado.
"Estas personas son extranjeras que participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones", explicó en un comunicado, Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense.
El Secretario de Estado dijo que "Estados Unidos ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por la soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la Corte Penal Internacional”.
Además consideró que el tribunal representa una amenaza para la seguridad nacional.
“Insto a los países que aún apoyan a la CPI, muchos de cuya libertad fue comprada al precio de grandes sacrificios estadounidenses, a que resistan las pretensiones de esta institución en quiebra”, expresó.
La Administración Trump sancionó en febrero al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan y en junio impuso sanciones contra cuatro juezas del tribunal.
Lee también Fiscal de la CPI pide liberación de menores detenidos en VenezuelaLa oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplaudió la medida estadounidense, calificándola de paso "decisivo" contra la "falsa campaña de desprestigio" impulsada en contra de Israel y su Ejército, así como "en favor de la verdad y la justicia".
Por su parte, el Tribunal condenó "enérgicamente" las sanciones diciendo en un comunicado que las mismas “constituyen un flagrante ataque a la independencia de una institución judicial imparcial que opera bajo el mandato de 125 estados” y afirmó que “respalda firmemente" a su personal.
Mientras tanto, Naciones Unidas opinó que las sanciones impuestas "socavan los cimientos de la justicia internacional", según declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.
"Esta decisión supone un grave impedimento al funcionamiento de la oficina del fiscal (de la CPI) con respecto a todos los casos que se encuentran ahora ante la Corte", dijo el portavoz de la secretaría general.